Debido al alto riesgo que presenta la quemas de desechos agrícolas y forestales, se amplió a todo el país la normativa que regula esta práctica para realizarla en forma controlada y bajo las recomendaciones de CONAF, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de incendios forestales.
Por este motivo, durante el período estival se intensificó la difusión en la región de este nuevo marco legal, con especial énfasis en las comunas con producción agrícola y frutícola, tales como Pica, Huara y Camiña. De esta forma, los productores han conocido el Decreto Supremo 276/1980 del Ministerio de Agricultura que establece medidas de utilización del fuego en forma segura y sólo como quema controlada, previo aviso a CONAF.
Igualmente, CONAF ha entregado alternativas a los productores para evitar el uso del fuego para la eliminación de residuos de origen vegetal, tales como la producción de compost, uso y manejo de rastrojos, lombricultura, silvopastoreo, entre otros.
“Es conocido que en faenas agrícolas, incluida nuestra región, se usa el fuego como herramienta para eliminar rastrojos o residuos vegetales. Por eso, el ministerio de Agricultura amplió el año 2016, para todo el territorio nacional, este decreto en el cual las regiones del norte deberán regirse por esta normativa, tal como sucede en el resto del país”, indicó Julio Barros, director regional de CONAF Tarapacá.
Para realizar una quema controlada será necesario que, antes de usar el fuego, el interesado se acerque a las oficinas de CONAF y avise de su intención de hacer una quema controlada. Ahí se solicitarán algunos antecedentes y le entregarán un comprobante de aviso de quema, el que señalará días, horas y medidas imprescindibles de ejecutar antes y durante la quema controlada. Una vez que tenga el comprobante en su poder e implemente las medidas, el interesado podrá realizarla en las fechas y horas que éste señale.
Cabe mencionar que una vez registrado el aviso de quema controlada, CONAF informará a Carabineros la ubicación del predio. “Ambas instituciones, en forma coordinada, realizan una ardua labor de fiscalización para asegurar el cumplimiento de lo establecido por el decreto. Quienes incumplan o que de esta acción se provoque un incendio, arriesgan sanciones que pueden ir desde multas o, incluso, la cárcel”, explicó Barros.